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El gobernado de Puebla, según lo dijo él mismo en varias entrevistas, es querido en su estado. Los poblanos, habrá que aclarar que una parte, ven en Mario Marín no sólo a un probable presidente de México, qué va, ven en él a un "Benito Juárez de este siglo", o por lo menos esa es la percepción de un empresario poblano en Nueva York.
En rueda de prensa, empresarios, organizaciones y representantes de la comunidad mexicana de la ciudad mostraron su apoyo al gobernador ante lo que consideran un grave ataque desde algunos sectores por la creciente relevancia del político.
Según aseguró a EFE Juan Cáceres, asesor del Gobierno de Puebla, "esas difamaciones lo único que pretenden es cortar la trayectoria de Mario Marín, al que la comunidad 'poblana' ve como el Benito Juárez de este siglo".
De acuerdo con los asistentes a la rueda de prensa, entre los éxitos de Marín, de procedencia humilde e indígena, destaca la mejora de la seguridad pública, lo que ha generado mayor inversión y el despegue económico del estado que gobierna.
"Muchos políticos y la burguesía de México DF ven a Marín como una amenaza porque cuenta con el apoyo del pueblo y es bastante probable que algún día llegue a ser presidente de la república", dijo el empresario Juan Niño.
EFE, 18 de febrero de 2006
El gobernador Ulises Ruiz Ortiz salió en defensa de su homólogo de Puebla, Mario Marín, al afirmar que “dice la verdad”, e intentó minimizar el escándalo que envuelve al mandatario poblano por el supuesto complot contra la periodista Lydia Cacho; se lanzó contra la prensa y consideró que el asunto es parte de una estrategia electoral para perjudicar al PRI.
“El gobernador (Mario Marín) se ha deslindado y yo creo que es la verdad”, insistió.
“Hay que ver incluso la responsabilidad de los medios (de comunicación) que las están transmitiendo porque están prohibidas”, arremetió.
Luego, se lanzó contra Lydia Cacho: “Hay que ver si hay responsabilidad de ella misma. Ya que este es un asunto de la justicia y no de los medios de comunicación.”
Apro, 17 de febrero de 2006
El artículo 177 del Código Penal Federal prevé penas de 6 a 12 años de prisión a "quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente". A su vez, el capítulo IV de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada establece los casos y los procedimientos para realizar lícitamente esa intervención. Salvo que estuviera en curso una pesquisa en ese marco contra Nacif, la intercepción de sus llamadas se realizó contra la ley. Si esa intervención fue realizada, legal o ilegalmente, por un organismo gubernamental hay una responsabilidad penal adicional por haber entregado las grabaciones respectivas.
No la hay, en cambio, para quienes difunden los contenidos de esas grabaciones. No está penado en la legislación nacional, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estipula que "las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público".
Reforma, 17 de febrero de 2006