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El empresario, el pederasta, el gobernador y la periodista

El empresario, el pederasta, el gobernador y la periodista (15/02/2006)

Patadas de ahogado las descalificaciones a la autenticidad de la grabación por parte del gobierno de Puebla. Desvío de atención el cuestionamiento sobre la ilegalidad de grabar conversaciones privadas. El hecho es que se comprueba que la periodista Lydia Cacho fue detenida a petición de un empresario textil, Kamel Nacif, y que, lo peor de todo, el poder judicial poco tuvo que ver con ese proceso: el gobernador Mario Marín asume un poder que no le corresponde, atrás queda la idea de separación de poderes (por lo menos en el estado de Puebla).

El ejercicio del periodismo en el quinto año de gobierno de la actual administración, en un año electoral y en un país supuestamente democrático, es amenazado por dos flancos: el del crímen organizado, específicamente con el narco en el norte del país; y el del poder público y empresarial que ve afectado sus intereses por la publicación de investigaciones periodísticas.

Más allá de la ilegalidad y del espionaje de conversaciones privadas, lo que está en debate es el contenido de dichas conversaciones. ¿Se justifica la publicación de conversaciones privadas? En este caso creo que si porque se pone en evidencia el manejo de la justicia a nivel estatal y por encargo; ya sea por compadrazgos o por compromisos.

Ya se han manifestado varias figuras públicas a favor de que el gobernado renuncie o se le quite del cargo mediante un juicio político. Panistas y perredistas, Calderón y López Obrador, se pronunciaron de igual manera. Lo que no se puede entender es la actitud del PRI y de su candidato Roberto Madrazo. Al igual que en casos como el del encubrimiento a ex presidentes como Echeverría y su participación en la guerra sucia, el PRI, y ahora su candidato, encubren y se desentienden de este caso.

"No lo creo, no te puedo dar una opinión, pero no creo absolutamente nada", respondió el candidato presidencial de la alianza PRI-PVEM, Roberto Madrazo, al ser interrogado en Chihuahua sobre la relación entre el gobernador de Puebla, el priísta Mario Marín, y el empresario Kamel Nacif, quienes conspiran contra la periodista Lydia Cacho. En tanto, la dirigencia priísta se deslindó de las acciones y dichos del mandatario estatal. "No podemos trasladar a organizaciones el proceder de sus miembros", dijo el vocero Eduardo Andrade. Exigió una investigación profunda, desde el origen de la grabación hasta las conductas que ahí se exhiben, y en su caso fincar responsabilidad penal.

La Jornada, 15 de febrero de 2006