Archivado en: periodismo | escrito por goleech | 01/16/2006 | 23:07

En México la transición a la democracia no se consolidará si no existe un pleno respeto a la libre expresión, en específico a la libertad de prensa. Desde las administraciones represivas del priísmo hasta el gobierno del cambio de la actual administración de Vicente Fox, el tema del respeto a la libertad de expresión y prensa están en tela de juicio. Del abierto autoritarismo priísta que pasaba de la "compra" de periodistas y medios hasta la desaparición o asesinato, pasamos al uso "legal" para callar, intimidar y reprimir la libertad de expresión. En otra dimensión se encuentra el periodismo que trabaja la nota policiaca o del narco donde la vida de los reporteros y personas vinculadas con los medios, sobre todo en la frontera norte, está en juego día a día.

Las demandas de "difamación" están de moda en los tiempos democráticos del cambio. Olga Wornat y Proceso, ahora Lydia Cacho con el caso de los pederastas poderosos, la situación sindical de Noticias de Oaxaca, el y yo por qué del chiquihuetazo, hasta las muertes relacionados con la cobertura de la nota policiaca y del narco, son ejemplos de la constante molestia de los poderosos ante la publicación de información incómoda, o en otros casos de la apatía del gobierno para solucionar conflictos, crímenes y excesos en contra de periodistas y los medios de información.

En el caso de Lydia Cacho la actitud del gobierno de Puebla, sobre todo del gobernador priísta Mario Marín Torres, es patética y a todas luces en defensa del empresario textil Kamel Nacif a quien en la investigación de la periodista, documentado con testimonios de los afectados en su libro Los demonios del edén: el poder que protege a la pornografía infantil, lo llega a involucrar con el pederasta Jean Succar Kuri (preso en Arizona). Al parecer en este país si un poderoso empresario o político, o ambas cosas, es señalado por una investigación periodística como posible responsable de tal o cual cosa, de carácter críminal o no, la justicia actúa al revés; primero se demanda por difamación al periodista, luego se le hostiga, persigue e intimida (a veces tortura física o psicológicamente), se le pide que page una cuantiosa fianza para poder librar el proceso en libertad, se desvía la atención mientras se resuelve si existe o no difamación (cuando hay datos, investigación y testimonios que sustentan lo dicho), y por último se deja al olvido colectivo para que al final el feo de la película no sea el pederasta, sino la periodista que inventa cosas a hombres de bien que crean empleos (con ínfimos salarios) y que su bondad, moralidad y grandeza se miden con billetes.