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El acuerdo, impuesto finalmente debido a la presion del Senado, para que los agentes de la CIA no tengan inmunidad ante acusaciones por malos tratos o violación de los derechos humanos, tortura pues, en contra de los detenidos sospechosos de terrorismo viene a confirmar que, efectivamente, en Estados Unidos se tortura. El país más democrático del mundo, el que respeta las garantías individuales, quien pregona la libertad y el respeto de los derechos humanos no predica con el ejemplo.
John McCain, senador Republicano quien impulsó la iniciativa, tuvo que hacer labor de convencimiento ante la negativa inicial de George W. Bush. "Estamos librando dos guerras al mismo tiempo: la militar, en Irak, y la de la opinión pública, en todo el mundo. Y tenemos que garantizar que nosotros estamos en contra de la tortura", decía McCain.
La negociación -un auténtico pulso en el que, al final, la Casa Blanca se ha rendido a la evidencia de que el Congreso no iba a rebajar la propuesta de McCain- se había intensificado en las últimas semanas, desde que el Senado casi por unanimidad (90 contra nueve votos) aprobó la medida. La presión se hizo ayer irresistible después de que la Cámara -en teoría más sensible a la línea oficial del Gobierno- se sumara el miércoles por la noche al planteamiento básico de McCain: extender la prohibición de la tortura que figura en las leyes de EE UU y sus compromisos internacionales a los extranjeros detenidos y sospechosos de terrorismo, sin excepciones, y prohibir también "los castigos y el trato cruel, inhumano o degradante" de cualquiera que esté bajo custodia de EE UU, independientemente de dónde ocurra.
La Casa Blanca, en especial el vicepresidente Dick Cheney, se esforzó a fondo en noviembre para suavizar la medida de forma que la CIA pudiera ampararse en la excepción, y no en la regla que prohíbe la tortura. El propio Bush llegó a amenazar con vetar la ley del Presupuesto de Defensa, en la que está incluida la provisión, si no había una negociación satisfactoria.
El País, 16 de diciembre de 2005
Months after the Sept. 11 attacks, President Bush secretly authorized the National Security Agency to eavesdrop on Americans and others inside the United States to search for evidence of terrorist activity without the court-approved warrants ordinarily required for domestic spying, according to government officials.
Under a presidential order signed in 2002, the intelligence agency has monitored the international telephone calls and international e-mail messages of hundreds, perhaps thousands, of people inside the United States without warrants over the past three years in an effort to track possible "dirty numbers" linked to Al Qaeda, the officials said. The agency, they said, still seeks warrants to monitor entirely domestic communications.
The New York Times, 15 de diciembre de 2005
The US Senate has rejected an attempt to reauthorise several sections of the main US anti-terror law.
A bipartisan group of senators opposed the Patriot Act measures as infringing too much on Americans' civil liberties.
The bill's supporters in the Senate were able to muster only 52 of the 60 votes needed to stop it being blocked.
BBC News, 16 de diciembre de 2005


Kirchner aprovechó su anuncio para atacar duramente al FMI al que acusó de haber presionado a Argentina para que aplicara "políticas que perjudicaban al crecimiento de la economía". El mandatario añadió que esta actitud del FMI había provocado "dolor e injusticia".
Según Kirchner "el FMI no aportó ni una moneda para la superación de la crisis", y agradeció "especialmente" la ayuda de Venezuela a la economía argentina en los últimos meses, y es que Hugo Chávez ha adquirido deuda pública argentina como gesto de respaldo a Kirchner.
El País, 16 de diciembre de 2005