Archivado en: política | escrito por goleech | 12/06/2005 | 11:52

Si no pasa algo extraordinario, las fracciones del PRI y el PAN en la Cámara de Diputados iniciarán hoy el proceso de reforma constitucional que pretende dotar de autonomía a: las comisiones Nacional Bancaria y de Valores, de Seguros y Fianzas, del Sistema de Ahorro para el Retiro y la del Servicio de Administración Tributaria.

Las Críticas:

Las enmiendas constitucionales fueron propuestas por Francisco Rojas (PRI), uno de los participantes en la célebre reunión en casa del ex presidente Salinas donde se diseñó la reforma tributaria que a la postre fracasó por la discordia entre Roberto Madrazo y Elba Esther Gordillo, pero que había sido ya pactada entre el gobierno y su partido, y el PRI. Esta nueva operación conjunta si bien en cierto modo reaviva la fracción elbiazul (Rojas era uno de los diputados cercanos a Gordillo, y presidía la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública) tiene un alcance mayor, derivado del mando efectivo que sobre el PRI y en consecuencia sobre su bancada tiene el ex Presidente, el Jefe mínimo de ese partido.

Tal vez si la propuesta hubiese sido debatida, si formara parte de un paquete mayor de reforma estatal, sus propósitos serían plausibles. La autonomía de algunos órganos constitucionales ha sido beneficiosa para la sociedad. Pero como al mismo tiempo se han puesto en evidencia sus limitaciones, otorgar autonomía no es una operación que pueda admitirse sin más, mecánicamente, sobre todo cuando, como en este caso, se trata de enmiendas sacadas de la manga, como brota la paloma ante los asombrados ojos de los admiradores de un mago, o la carta ansiada en manos de un tahúr. Estas reformas tienen un doble propósito de política no económica sino de política política, asociada a la electoral, que no puede pasar inadvertido.

Al concluir el proceso de reforma constitucional, el presidente de la República designará a los responsables de esos órganos autónomos, por un periodo de ocho años. De esa manera, un Ejecutivo débil que vio transcurrir cinco años de su ejercicio en un desempeño mortecino quedaría en posibilidad de prolongar su gobierno, pues el nombramiento de los responsables de esos órganos se haría en función de los intereses del mandatario que los designe y de los poderes reales a los que sirve...

... Pero hacerlo ahora, cualquiera que sea el resultado de la elección presidencial, significa no acotar, que en el presidencialismo mexicano ha sido necesario, sino atar al Ejecutivo no en bien de todos sino de unos cuantos.

Miguel Ángel Granados Chapa, Reforma, 6 de diciembre de 2005

Las reformas constitucionales que pretende aprobar hoy en la Cámara de Diputados la coalición de facto PRI-PAN están orientadas a investir al presidente Vicente Fox de atribuciones para dejar amarrados en sus cargos a los futuros directivos de las más importantes instituciones financieras y dotar de autonomía a esas dependencias. Las medidas se presentan a la opinión pública como una forma de dar "estabilidad financiera" al país en vísperas del cambio de gobierno del año entrante. Pero todo indica que se trata, en realidad, de una maniobra para perpetuar la estrategia económica del foxismo, que en esencia es igual a la de Ernesto Zedillo, la cual fue, a su vez, indistinguible de la de Carlos Salinas.

Se busca, incluso, investir a Fox de poderes que bien podrían calificarse de pospresidenciales, toda vez que los nombramientos referidos se extenderían hasta bien entrado el sexenio entrante o, en algún caso, lo rebasarían.

A la luz de estas circunstancias, no es difícil imaginar las verdaderas razones de la componenda: además de preservar a cualquier costo el modelo económico vigente, depredador, concentrador de la riqueza y multiplicador de la miseria, se busca blindar no la economía nacional, sino a los responsables de los cuantiosos fraudes perpetrados al amparo del "rescate bancario" del sexenio anterior y a los culpables de manejos turbios del dinero público en la administración presente.

Editorial de La Jornada, 6 de diciembre de 2005

A todo esto el diputado priísta Francisco Rojas, quien presentó la iniciativa, da sus razones en una opinión publicada en El Universal.

La iniciativa que presenté establece la necesidad de que los organismos autónomos sean apolíticos para evitar la injerencia de otros poderes en sus funciones especializadas, equilibrar el ejercicio del poder y procurar la permanencia de instituciones y objetivos estatales de mediano y largo plazos, dice Rojas. Pues bien, más que procurar la "permanencia de instituciones" lo que pretende es extender el poder presidencial dándole facultades para nombrar a los responsables, como bien señala la Editorial de La Jornada. ¿Un periodo de ocho años? Se estaría consumando la extensión del fracasado modelo neoliberal mexcano por otros ocho largos años más.

Luego el diputado Rojas pretende justificar su iniciativa con obviedades: Fuera del ámbito económico, se ha dotado de autonomía a algunos organismos muy importantes en la vida nacional como son el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y a nadie se le ha ocurrido criticar la independencia de que gozan estos órganos. Claro. Se ha querido desvirtuar el propósito de la enmienda constitucional referida, al pretender que se trata de acotar el ejercicio gubernamental de alguno de los candidatos que participarán en la próxima contienda presidencial; es decir, que lleva dedicatoria. La única es la de fortalecer la institucionalización de las funciones de los organismos relacionados con la economía y las finanzas del país, alejándolos de los vaivenes políticos y de las confrontaciones comiciales.. Y eso es lo que parece: acotar la política económica del puntero en las encuestas quien, curiosamente, rechaza el modelo económico actual que, curiosamente, es el mismo que el PRI y el PAN pretenden defender. Es decir, prolongar la política económica neoliberal con el nombramiento, por el Presidente Fox, y otorgarles autonomía para que el próxmo presidente no pueda intervenir.

Rojas continúa. Los priístas estamos seguros de nuestro triunfo electoral el próximo mes de julio; nuestro candidato a la Presidencia no me ha reclamado que se estorbe su ejercicio gubernamental en materia financiera y recaudatoria. Requerimos transparencia y profesionalismo en el manejo de las herramientas del Estado en materia económica. No estamos frente a una Presidencia atada, sino ante una ambición desatada.

Un modelo Laissez-Faire a la mexicana, o más bien, a la conveniencia de unos cuántos, como dice Granados Chapa, es la verdadera intención de las fracciones del PRI y el PAN. Si tanto se pregona la democracia y el mercado libre, ¿qué de democrático tiene nombrar responsables de esos (posibles) órganos autónomos por un periodo de ocho años? Además, nombrados por el presidente y con una mayoría del PRIAN en el Congreso pues es un juego perfecto. ¿Por qué se legisla sobre el tema (curiosamente) a medio año de la elección presidencial?

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