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Violencia/atentados contra la prensa en México

Violencia/atentados contra la prensa en México (10/10/2005)

El informe anual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) destaca la lamentable escalada de atentados en contra de periodistas en México en el último semestre. No sólo eso, también están algunos casos de violación a la libertad de expresión (el caso de Noticias de Oaxaca).

No obstante los esfuerzos de la actual administración, y las medallas autoclgadas (por aquello de la "inauguración" de la libertad de expresión en este sexenio), el narco y el Estado (gobiernos en todos los niveles) representan amenazas serias para los periodistas. No sólo se violenta la libertad de expresión, sino que la integridad física, y la vida, se ve amenazada. La publicación de notas incómodas a los intereses de los que tienen poder sigue representando un peligro para el periodista y para el medio de comunicación. Están los casos particulares de periodistas que cubren notas sobre el narco, aquellos que cubren notas que tienen que ver con el enriquecimiento ilícito de gobernantes, o de aquellos medios que por su línea editorial veraz son secuestrados, literalmente.

Informe de la SIP, México

Informe de la SIP, México (10/10/2005)

Sociedad Interamericana de Prensa, informe anual México

(Lic. Juan Francisco Ealy Ortiz, Vicepresidente
Asamblea Anual. Indianápolis, EU
Octubre de 2005)

En el periodo del último semestre comprendido en este informe se agravó un lamentable ciclo de atentados contra la vida de periodistas mexicanos.

Tres periodistas fueron asesinados. Uno fue secuestrado en abril y permanece desaparecido, por lo que hay fundadas razones para temer por su vida. A esta cifra se le suman otros cinco asesinatos cometidos entre marzo del 2004 y el pasado septiembre, lo que representa el periodo más grave que el país desde que tenemos registro.

De estos nueve casos, en cinco existen evidencias, avaladas por las indagatorias oficiales, para ligar estos crímenes con la delincuencia organizada, en particular con el narcotráfico. En los otros cuatro, la autoridad ha argumentado que los móviles de los atentados caen en el ámbito privado de las víctimas, no en asuntos ligados con la libertad de expresión. Sin embargo, ni las familias, ni el gremio periodístico al que pertenecieron, ni la opinión pública han recibido información fehaciente que permita por ahora descartar en definitiva la hipótesis de que el móvil de los ataques fue el ejercicio de su profesión. La lista completa es la siguiente:

El reiterado reclamo expresado por la SIP y otros sectores sobre estos casos ha dado lugar que la Procuraduría General de la República atraiga bajo control federal las investigaciones sobre cuatro de estos casos, los correspondientes a Francisco Ortiz Franco, Guadalupe García Escamilla, Raúl Gibb Guerrero y Alfredo Jiménez Mota.

A la par de estos ejemplos brutales contra la libertad, la violencia ha impuesto un clima de terror y desaliento en diversas regiones del país, especialmente en la zona norte limítrofe con Estados Unidos. Un conteo independiente iniciado este año por el diario “El Universal” con casos de ejecuciones atribuidas al narcotráfico superó la cifra de mil muertes de este tipo en menos de nueve meses.

En tal entorno, es posible comprender la forma en que resultan afectadas todas las formas de expresión ciudadana contrarias a esta realidad, especialmente si se considera la ineficacia de la autoridad para frenar este problema.

Amenazas y presiones contra editores y reporteros han derivado en que diversos medios eludan publicar información relativa al narcotráfico, incluso aquella surgida de fuentes oficiales. El estado con mayor número de ejecuciones es Sinaloa, en la costa oeste del país. Ahí, como en la frontera, han surgido múltiples reportes de periodistas que abandonan su oficio e incluso se mudan de ciudad, temiendo por ellos mismos y por sus familias.

Ante tal situación, debo reportar a esta asamblea, con pesar, que un poderoso enemigo nos viene ganando la partida. Ese enemigo es el silencio. El silencio de los buenos ciudadanos, de los que trabajan todos los días en empleos honestos. El silencio de la comunidad. Y lo más grave, el silencio de los periodistas, que al callar ante el horror dejamos que la violencia y sus cómplices triunfen.

Ante este panorama, la SIP ha mostrado una gran actividad y ha sumado su valioso aporte a la tarea de organizar una respuesta consistente por parte de los editores y la sociedad en su conjunto. En el periodo que se reporta, tanto la Presidencia de nuestra organización como la directiva de la Comisión que hoy nos reúne, han manifestado su reclamo ante autoridades mexicanas por diversos acontecimientos surgidos durante el periodo. A esta postura se han sumado otros organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Reporteros sin Fronteras.

Como culminación de ello, el pasado 30 de agosto fue convocado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, un Encuentro de Editores de la Frontera Norte, bajo los auspicios de la propia SIP y los diarios “El Universal” y “El Imparcial” de Hermosillo. Editores de 40 periódicos, provenientes de ocho estados del país, se congregaron para discutir sobre el actual estado de cosas y asumir diversos compromisos que en su conjunto, generan una positiva señal de que trabajaremos juntos a favor de la seguridad de los periodistas y de las comunidades a las que servimos. El día previo una delegación especial encabezada por nuestro presidente Alejandro Miró Quesada, sostuvo entrevistas con diversos representantes del Estado mexicano, entre ellos el presidente Vicente Fox, como ha sido detallado en otro espacio de esta asamblea.

Está previsto que a inicios del 2006 celebremos una conferencia internacional en Nuevo Laredo, Tamaulipas, una de las ciudades con mayores índices de ataques contra periodistas. La SIP auspiciará este año un taller en Argentina para capacitar a periodistas en coberturas de alto riesgo, y está previsto que asistan trabajadores de la prensa de esta región mexicana. Buscaremos realizar otro encuentro regional en el sur del país, con la misma línea de propósitos.

En este mismo acto entrego un reporte detallado sobre denuncias presentadas en materia de libertad de expresión. La petición que nos han hecho de apelar a la brevedad me impiden darle lectura.

Sólo deseo destacar dos temas importantes. El primero, el relacionado con el periódico “Noticias” de Oaxaca, que desde noviembre pasado sufre el acoso del gobierno estatal, al que se atribuye alentar un conflicto laboral del diario con un sindicato. El 18 de julio pasado este sindicato cercó las instalaciones del periódico e impuso una huelga. El diario sigue circulando con sumas dificultades, pues es impreso en una ciudad cercana.

En abril pasado, por impulso de diversos actores sociales en México, el Senado de la República aprobó una reforma al Código Penal Federal que le impide al Ministerio Público exigir a los practicantes de diversas profesiones revelar la identidad de sus fuentes de información. Ello representará el establecimiento a nivel federal, del secreto profesional del periodista. Esta ley debe aprobada aún en la Cámara de Diputados.

(Vía El Universal)