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Se veía venir. Desde hace unos días se había filtrado la información sobre la (doble) negación de órdenes de aprehensión en contra del ex presidente de México, Luis Echeverría Álvarez, y el ex Secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, por el caso de la matanza del Jueves de Corpus del 10 de junio de 1971, conocido como el Halconazo.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había dado pase de entrada para que pudieran juzgar a éstos dos personajes por el delito de genocidio, luego de que se llegó a la conclusión de que no había prescrito gracias al fuero con el que contaron en el periodo 1970-1976.
El 5 Tribunal Unitario del Primer Circuito negó el otorgamiento de órdenes de aprehensión contra el ex presidente Luis Echeverría y Mario Moya Palencia, ex secretario de Gobernación, acusados de genocidio por la matanza del 10 de junio de 1971.
La magistrada Herlinda Velasco Villavicencio determinó que no hay elementos para la configuración de ese delito de lesa humanidad, del cual la Fiscalía Especial para delitos del pasado de la Procuraduría General de la República (PGR) acusa a ambos personajes.
Al respecto, no se determinó que hubiera un ataque contra un grupo específico de la población por razones políticas o étnicas, por lo que no se configura el delito de genocidio como lo propuso el Ministerio Público de la Federación.
Notimex, 26 de julio de 2005
Con rubor, casi subrepticiamente (como si eso fuera posible en un asunto público por donde quiera que se le vea) se ha extendido patente de impunidad al ex presidente Luis Echeverría. Después de que la Suprema Corte devolvió el expediente en que se demanda procesarlo por el delito de genocidio, a un tribunal de apelación, la juzgadora encargada de la misma negó una vez más la orden de aprehensión contra el principal acusado por la matanza del 10 de junio de 1971. Lo había hecho ya hace exactamente un año, el 24 de julio de 2004, en primera instancia, el juez César Flores Rodríguez, cuyo fallo ha sido confirmado ahora por la magistrada Antonia Herlinda Velasco Villavicencio.
Pero la decisión ha sido tomada. A diferencia de los dictadores argentinos y de los déspotas chilenos, que en mayor o menor medida han sido castigados, o por lo menos llevados ante los tribunales, como es el caso de Augusto Pinochet, Echeverría llegará al fin de sus días tranquilo en su casa, como si nada. Cierto es que están en curso otras averiguaciones al cabo de las cuales se pedirá proceso en su contra, sobre todo por la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, en que estuvo involucrado en su carácter de secretario de Gobernación. Pero los criterios, las actitudes y el talante de los juzgadores de todos los niveles impiden conservar la esperanza de que se aplicará el derecho en beneficio de la justicia.
Reforma, 22 de julio de 2005