Archivado en: política | escrito por goleech | 04/26/2005 | 17:27

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha adquirido en los últimos años la responsabilidad enorme de decidir los pleitos políticos del país. Hay voces que dudan de la actuación a veces facciosa y selectiva de la Corte, hay otras más que la defienden a capa y espada. Lo cierto es que sin la Corte el país estaría en el limbo legal.

El problema es que también en la Corte suceden cosas "raras". Nadie duda de la figura institicional de la SCJN, pero actitudes francamente raras en las decisiones de algunos ministros hacen suponer que, en efecto, sí tiene fallas, y es que no podría ser perfecta. No en México.

Proceso publica en su último número las tareas pendientes:

Tareas inconclusas

Desde la reforma de Zedillo, que entró en vigor en enero de 1995, la Suprema Corte se ha ido convirtiendo en el gran árbitro de la política nacional. Pero eso ha dado lugar a una situación muy compleja, en la que los actores políticos no están cumpliendo con su tarea.

"Al descansar en la mediación de la Suprema Corte, los actores políticos han dejado de actuar en la búsqueda previa de arreglos y el resultado es que tenemos una hiperjudicialización de la política", dice Miguel Carbonell Sánchez, constitucionalista investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.

Incluso, afirma, hay especialistas que ante el uso y abuso de la corte por parte de los políticos, le piden al máximo tribunal que haga más rigurosa la admisión de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad solicitadas por la clase política.

Ahora cualquier actor político apela a la corte, desde una autoridad municipal y estatal hasta el gobierno federal, pasando por las legislaturas federal y locales. "Esto significa una ausencia de acuerdos políticos y de consensos de fondo. Hay una gran irresponsabilidad de esos actores. Y se ha llegado a casos absurdos como el del horario de verano, en el que los jueces tuvieron que decir qué hora es", dice Carbonell en referencia a la controversia constitucional que interpuso el ahora desaforado jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, en contra del presidente Vicente Fox.

Ante la falta de consensos políticos, el sexenio de Fox se ha caracterizado por que las diferencias entre los partidos, expresadas en el Congreso y entre los gobiernos federal y el del DF, principalmente, se han querido dirimir en el Poder Judicial. Asuntos como la reforma indígena, los casinos, la reforma al artículo 122 de la Constitución para transferir al DF la obligación de aportar fondos para la educación o la asunción de la deuda pública de la capital del país, han surgido de esa carencia.

La corte se ha convertido en la arena de las pugnas políticas. Así como el gobierno de Vicente Fox ha combatido las decisiones de la Cámara de Diputados, ésta ha hecho lo mismo contra el Ejecutivo federal.

Actualmente, la SCJN está por resolver el veto presidencial al Presupuesto de Egresos autorizado por la Cámara de Diputados para este año, pero también las decisiones de la Auditoría Superior de la Federación --órgano de la Cámara baja-- en relación con los contratos de generación de energía eléctrica firmados con proveedores privados o con el pago de los créditos irregulares del Fobaproa a la banca privada, además de los contratos de servicios múltiples de Pemex.

Conflictos políticos que no se han resuelto en los estados también han acabado en los escritorios de los ministros de la SCJN, como la destitución del actual gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, decidida por el Congreso local; la separación del cargo del entonces presidente municipal de Benito Juárez, en Quintana Roo, Juan Ignacio García Zalvidea, acordada por los poderes Ejecutivo y Legislativo de esa entidad; el conflicto preelectoral de Yucatán del año 2000 y, más recientemente, la petición del exsecretario de Relaciones Exteriores Jorge Castañeda Gutman de participar como candidato independiente en las elecciones presidenciales de 2006.

Incluso la decisión del gobierno de Fox de perseguir los delitos políticos del pasado como actos de genocidio está por definirse en el máximo tribunal. La corte también fue requerida por el Gobierno del DF para que impidiera al gobierno federal la construcción del aeropuerto alterno en el exlago de Texcoco, aunque los ministros no tuvieron que dar un fallo porque las autoridades federales cedieron ante las presiones de campesinos de San Salvador Atenco.

En todos esos asuntos, los responsables políticos han designado al árbitro y determinado la agenda del Poder Judicial, en particular de la SCJN.

Proceso, 25 de abril de 2005

El caso del gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajgal (PAN), tiene mucha relevancia en éstos tiempos. Al gobernador se le acusa de tener nexos con el narcotráfico, además de estar inmiscuido en el asesinato de un narcotraficante, ojo, delito grave. El Congreso local de Morelos acordó su destitución por mayoría de votos, pero ¿qué ha sucedido? El Secretario de Gobernación, Santiago Creel, le ha dado el espaldarazo en señal de apoyo, y el Subprocurador de Investigación en Delincuencia Organizada (SIEDO), José Luis Santiago Vasconcelos, lo ha exonerado, en dos ocasiones, de los señalamientos en su contra que lo vincularon con el narcotráfico. El ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano concedió una suspención al gobernador para que no fuera destituido.

El caso del ministro Aguirre Anguiano es polémico:

Un seguimiento de los juicios de controversia constitucional que ha atendido el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano muestra que cada vez que sus decisiones afectan a una de las partes en conflicto y son impugnadas, éstas, al cabo de varios meses, terminan siendo ratificadas y avaladas por el pleno o alguna de las salas de la SCJN por considerar que fueron acertadas.

El mismo análisis de los asuntos que ha resuelto Aguirre Anguiano confirma que en este tipo de juicios se ha vuelto común y hasta recurrente que las partes afectadas por sus resoluciones recuerden que en la década de los 80 fue regidor del municipio de Guadalajara, Jalisco, por el Partido Acción Nacional (PAN), como una forma de descalificar sus decisiones.

Pero hasta el momento, los actores políticos que lo han descalificado de esta manera no han podido demostrar con argumentos jurídicos que las resoluciones de Aguirre Anguiano han sido incorrectas o han respondido a una posición partidista.

De ahí que, por regla general, las decisiones que adopta Aguirre Anguiano en los juicios de controversia constitucional terminen siendo ratificadas en la Corte.

El Universal, 26 de diciembre de 2004

Por si fuera poco todavía está el problema de los salarios exorbitantes de los ministros y los malos manejos de recursos que la Auditoria Superior de la Federación (ASF).


Pero el problema de fondo es que la ley se aplica de manera selectiva y desproporcionada en éstos tiempos:

En cuanto a la aplicación de la ley, múltiples son los ejemplos de servidores públicos que, a pesar de ser acusados de delitos graves, gozan de los beneficios de la impunidad (algunos con fuero, otros simplemente por la aplicación selectiva de la ley). Sólo a guisa de ejemplo se pueden citar los siguientes: el del gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, acusado de vínculos con el narcotráfico; el del exgobernador de Oaxaca, José Murat, cuya actuación en el presunto autoatentado, donde perdió la vida uno de sus guardias de seguridad, es muy nebulosa y sospechosa; el del senador Ricardo Aldana, tesorero del sindicato petrolero que desvió recursos de su organización a la campaña del entonces candidato priista Francisco Labastida; y los involucrados en el caso de los Amigos de Fox.

Proceso, 25 de abril de 2005

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