Archivado en: nacional | escrito por goleech | 02/21/2005 | 07:50

El Universal, mediante una petición de acceso a la información, obtuvo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el expediente consignatorio de la matanza de estudiantes ocurrida el 10 de junio de 1971. La semana pasada la ONG Libertad de Información México A.C. (Limac) obtuvo parte del expediente, pero éste se encontraba en su mayoría tachado, sobre todo los nombres de los consignados fueron rayoneados.

El Universal publica hoy:

Contrario a lo que hizo la fiscalía al otorgarle a la organización Libertad de Información México A.C. (Limac), en respuesta a una petición de acceso a la información, hojas completamente tachadas o parcialmente mutiladas y sin los nombres y sin las declaraciones de los 11 acusados, la Corte sólo suprimió una mínima parte del documento que entregó a EL UNIVERSAL.

Con base en la Ley Federal de Transparencia, la Corte sólo reservó los datos personales de los acusados, como sus domicilios y números telefónicos; y los nombres de las personas que los denunciaron y de los testigos que declararon, pero no así sus denuncias o testimonios.

Los acusados

La mayoría de los nombres de los funcionarios que fueron acusados por la fiscalía se han hecho públicos en los últimos meses. Pero al mismo tiempo, se han excluido unos, se han agregado otros o se han manejado versiones parciales o inexactas de las acusaciones concretas que hizo la Femospp en su contra.

Conforme a los antecedentes y acusaciones retomadas en la sentencia de 304 hojas, la lista de acusados la encabezan, como ya se sabe, el ex presidente Luis Echeverría Álvarez, el ex secretario de Gobernación Mario Augusto José Moya y Palencia; a los ex titulares de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad, Luis de la Barreda Moreno y Miguel Nazar Haro.

Además del general retirado Manuel Díaz Escobar, alias El Maestro, quien es considerado como la persona que creó y dirigió a Los Halcones en la época en que era coronel y ocupaba la Subdirección de Servicios Generales del Departamento del Distrito Federal, desde donde presuntamente manejaba los recursos para el grupo de choque.

Pero en la lista de acusados también está quien en el momento de los hechos era el director general de División de Servicios Generales del DF, José Antonio González Aleu, es decir, el funcionario que jerárquicamente estaba arriba de Díaz Escobar y a quien se señala de administrar la nómina de Los Halcones.

Dicha lista la completan sólo cinco integrantes de Los Halcones, de los cientos de personas que conformaron este grupo.

Entre los acusados por la fiscalía están los ex militares e instructores de karate Sergio San Martín Arrieta, El Watusi; Alejandro Eleazar Barrón Rivera, El Pichín; Víctor Manuel Flores Reyes, El Coreano, y los dos integrantes del grupo Halcones, Rafael Delgado Reyes El Rafles y Sergio Mario Romero Ramírez El Fish.

Los que no están en esa lista, aunque sí rindieron su declaración negando cualquier vínculo con los hechos, y que han sido incluidos erróneamente como acusados en diversas versiones son: el fallecido ex regente del DF, Alfonso Martínez Domínguez, y el ex procurador general de la República, Julio Sánchez Vargas

Las acusaciones

Por los hechos del 10 de junio de 1971, la fiscalía acusó a las 11 personas antes mencionadas por considerar que buscaron exterminar a un "grupo nacional" de estudiantes. Aunque sólo se documentó el asesinato de 12. La acusación en contra de los 11 presuntos responsables de El Halconazo fue: "Nos encontramos ante una conducta de acción dolosa de carácter permanente o continua de los sujetos activos del ilícito en comento, consistente en que el 10 de junio de 1971; aproximadamente a las 17 horas, miles de estudiantes, que marchaban por la avenida De los Maestros, en la esquina con la calle Díaz Mirón, de esta ciudad, fueron agredidos por los granaderos, quienes lanzaban gases lacrimógenos intentando dispersar al contingente; siendo interceptada en varias ocasiones por la policía y los granaderos, quienes los exhortaban a no continuar por no contar con el permiso respectivo y porque tenían órdenes de no permitir su avance; finalmente la policía permitió que continuara la marcha hasta la calzada México-Tacuba, lugar donde los estudiantes fueron atacados por el grupo de Los Halcones, armados con varas largas y armas de fuego, resultando 12 muertes (documentadas hasta el momento)".

De ahí que la fiscalía señalara que "se encuentra demostrado en los autos de la presente averiguación previa que la humanidad fue lesionada en sus derechos fundamentales al privar de la vida a los hoy occisos (se omiten sus nombres), por su pertenencia a un `grupo nacional` estudiantil disidente que se pretendió destruir a través de una serie de actos realizados por una organización estatal, que utilizó a los integrantes de Los Halcones como ejecutantes, a través del dominio de su voluntad, lo que se encuentra plenamente demostrado con las denuncias y testimoniales que adminiculadas legalmente con los informes certificados por el Archivo General de la Nación, y elaborados por la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección de Investigaciones Políticas permiten establecer el contexto sociopolítico que prevalecía en los años 70, de lo que se desprende que en el año de 1971, la comunidad estudiantil pretendió manifestarse llevando a cabo una marcha que agrupara a diversas instituciones educativas `nacionales` con aspiraciones comunes que diferían de los intereses del gobierno de aquel entonces, por lo que (aquí se repiten los 11 nombres), en su calidad de gobernante, funcionarios y empleados públicos, concibieron, prepararon y ejecutaron una serie de actos con el propósito de destruir total o parcialmente al grupo nacional `estudiantil` que contravenían al aparato de poder estatal, obran datos en el sumario, que demuestran estas aseveraciones, mismos que se corroboran con una serie de indicios y hechos notorios que concatenados entre sí, permiten establecer la elaboración de un plan sistemático para la destrucción del grupo".