Archivado en: opinión | escrito por goleech | 02/19/2005 | 19:01

Dos ex presidentes de México, Luis Echeverría Álvarez y Ernesto Zedillo, son acusados o responsabilizados, directa o indirectamente, por crímenes de lesa humanidad. Echeverría, acusado de genocidio por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), y Zedillo, acusado por delitos de lesa humanidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), enfrentan acusaciones graves de maneras muy distintas.

La guerra sucia, y acontecimientos como la masacre del Jueves de Corpus de 1971, fue considerada por el fiscal Ignacio Carrillo Prieto como un intento sistemático por acabar un grupo nacional, en este caso el del movimiento estudiantil de finales de los 60’s y los movimientos guerrilleros de los 70’s. Mucho se discutió sobre el cuerpo del delito; ¿en verdad aplica el genocidio? De pronto el “abogado del diablo”, Juan Velásquez, le dio un giro al proceso y cuestionó la prescripción del delito. Es decir, de alguna manera se aceptaba, por parte de la defensa, la existencia de un delito, pero ya no se podía consignar porque el crimen habría caducado el 10 de junio del 2001. La fiscalía solicitó la intervención de la Suprema Corte para que sometiera a revisión la aplicación de prescripción del delito de genocidio, ya que México había firmado acuerdos internacionales al respecto. La Corte resolverá seguramente días después del cierre de esta edición.

El caso del ex presidente Zedillo es diferente. Una ONG muy respetable consiguió el testimonio de un ex integrante del grupo paramilitar Paz y Justicia. Cuando el gobierno de Zedillo declaró la guerra al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) luego de su aparición pública el 1ro de enero de 1994, el ejército mexicano se apostó en Chiapas, y bajo un Plan de Campaña se diseñaron los lineamientos a seguir. El ex presidente “alentó la creación de bandas paramilitares, que desarrollaron una guerra de baja intensidad,” escribió Miguel Ángel Granados Chapa en su columna Plaza Pública. El ex comandante del grupo paramilitar testificó la manera en que eran entrenados por miembros del ejército, de cómo el estado los financiaba y relató la forma brutal en que actúan, sí, en presente, porque el informe del CDHFBC advierte que actualmente éstas prácticas continúan. Más de tres mil desplazados, decenas de desaparecidos y ejecutados (85 ejecutados y 37 desaparecidos) ha sido el resultado de la existencia de grupos paramilitares en el estado de Chiapas, según da cuenta el informe.

La presión de las víctimas de la guerra sucia, organizaciones como el comité Eureka y la figura de Rosario Ibarra, la transición democrática y la creación de la Femospp, han contribuido a que se destapen y castiguen los crímenes del pasado, históricamente impunes. El caso más reciente del conflicto en Chiapas tiene que ser tomado en cuenta por las autoridades federales. Increíblemente la noticia, de la acusación por crímenes de lesa humanidad en contra del ex presidente Zedillo, pasó desapercibida en la mayoría de los medios importantes. El diario La Jornada fue el único que a ocho columnas publicó la noticia, ocasionando que se desestimara la acusación por considerarla “un ataque izquierdista”. Lo importante es el esclarecimiento de los delitos, si es que vivimos en el Estado de Derecho que tanto pregonan las autoridades.